Desde APUAP – Asociación de Profesionales Universitarios de la Administración Pública -expresamos nuevamente nuestra preocupación por los numerosos casos de violencia laboral que viven los trabajadores y trabajadoras de dicha repartición, por parte de la Jueza Administrativa de Minas Hebe del Carmen Meyer, muchos de ellos profesionales que, a partir de la intervención y acompañamiento de nuestro sindicato, fueron afectados a otras áreas producto de la violencia y la persecución permanente hacia ellos.
Desde la asunción de Meyer como Jueza de Minas, en el año 2016, más de 15 trabajadores y trabajadoras han solicitado afectaciones, traslados, jubilaciones anticipadas, buscando soluciones a la violencia ejercida por la Jueza, que ha contado a lo largo de estos años, con la complicidad de los funcionarios del sector que conocen cabalmente de los tratos violentos de Meyer.
Los casos de violencia denunciados por los y las trabajadoras del Juzgado de Minas han ameritado la presentación de distintas notas que derivaron en expedientes internos del Ministerio de Desarrollo Económico y Producción, la realización de dos denuncias en el Ministerio de Trabajo, área que tampoco tomó acciones urgentes para proteger a los y las trabajadoras víctimas que dieron testimonio de las situaciones de violencia, y múltiples presentaciones por parte de profesionales en nuestro sindicato.
Ante nuevos hechos de violencia hacia trabajadores y trabajadoras profesionales hemos realizado desde el sindicato el pedido de audiencia, con carácter de urgencia, al Ministro de Desarrollo Económico y Producción, Exequiel Lello Ivacevich, quién entendemos tiene la responsabilidad de brindar una respuesta pública y tomar medidas claras para cesar la violencia en ese espacio laboral que depende de la cartera ministerial a su cargo.
La violencia y el acoso laboral significan una vulneración a los derechos de las personas trabajadoras, tal como lo establece la Organización Internacional del Trabajo en el Convenio Nº 190 y la Recomendación Nº 206 que fue ratificada en Argentina desde noviembre del 2020 a través de la Ley Nº 27.580. Se consideran en la legislación situaciones como la no asignación de tareas, malos tratos, hostigamiento,acoso, traslados compulsivos, opiniones ofensivas sobre el desempeño laboral, sobrecarga de tareas y/o tratos desiguales, entre otros aspectos de la violencia laboral.
Ante esta situación exigimos al Ministro Lello que disponga las medidas para que cese de forma inmediata la violencia hacia los y las profesionales del área por parte de la Jueza Meyer y le expresamos que no es posible seguir reconociendo la existencia de la violencia y no tomar un posicionamiento claro que permita resolver el problema de fondo.
Asimismo convocamos a nuestros colegas a acompañar a los y las profesionales del Juzgado de Minas y las medidas que llevemos adelante, como siempre impulsando desde APUAP la participación y la organización colectiva para garantizar nuestros derechos como trabajadores y trabajadoras estatales.